ALGO MÁS QUE PALABRAS... MECANISMOS, RECURSOS Y JUSTICIA DE GÉNERO EN EL SIGLO XXI
Declaración de la Articulación de Organizaciones de Mujeres y Feministas de América Latina y el Caribe a la Plenaria de la VIII Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe de la CEPAL

Los movimientos de mujeres y feministas de América Latina y el Caribe, hemos asumido con responsabilidad, durante estos cinco años, las recomendaciones emanadas de la Plataforma de Acción Mundial de Beijing. En cada iniciativa gubernamental o legislativa que se señala como logro, ha habido miles de mujeres que se han organizado y presionado para ello. Desde la certeza de haber contribuido como sociedad civil, a la implementación de la PAM, no podemos aceptar que a los albores del siglo veintiuno estas demandas sean solo declaraciones y palabras.

De allí que, hoy, en esta VIII Conferencia Regional sobre la Mujer, queremos expresar ante los gobiernos y a la opinión pública, nuestra insatisfacción por el estado actual de implementación de la Plataforma de Acción Mundial y el Programa Regional.

La Plataforma de Acción recoge, a pesar de sus límites, demandas, necesidades y propuestas que apuntan a corregir la deuda democrática e histórica que las sociedades tienen con las mujeres. Sin embargo, los gobiernos de nuestra región no han asumido esta plataforma como eje para reorientar sus políticas de Estado y re-pensar los presupuestos nacionales, desde la perspectiva de cumplimiento de los compromisos asumidos en las diferentes Conferencias.

La transversalización y la integralidad de las políticas para la igualdad y equidad de género, requieren compromisos al más alto nivel político y asignación de recursos. Constatamos, por el contrario, la focalización de escasos recursos, ya sea en las Oficinas de la Mujer o en programas específicos de salud, prevención y atención de violencia, o educación. Estas acciones fragmentadas –aún siendo importantes- evidencian la falta de voluntad política para adoptar una verdadera estrategia tendiente a eliminar las desigualdades que afectan la vida de las mujeres.

Estos cinco años nos han demostrado que la Plataforma, para su aplicación efectiva y duradera, requiere de transformaciones económicas y político-culturales que modifiquen no solo las condiciones de vida de las personas sino también los sentidos comunes tradicionales y rompan la inercia de formas de pensar y vivir en sociedad.

Mas que acciones puntuales y programas de escaso presupuesto, interpelamos a los gobiernos, partidos, parlamentos para que asuman cabalmente, en diálogo con la sociedad civil, la búsqueda de modelos alternativos, democráticos, descentralizados, que garanticen no solo la eliminación de las desigualdades y discriminaciones basadas en el género, raza, etnia, cultura, edad/generación, orientación sexual, clase, religión, nacionalidad, discapacidad, sino también la redistribución del ingreso y el desarrollo humano sostenible y a su vez descentralizado, que garantice a su vez el acceso a la información y que impulse el desarrollo tecnológico local y global . El derecho a la comunicación y al conocimiento es prioritario para asegurar la participación de las mujeres en la toma de decisiones y la construcción de la democracia basada en el pluralismo y una cultura de paz.

La priorización del equilibrio macroeconómico, ha agravado en estos años la pobreza estructural, la marginación y segregación social deteriorando, a límites moralmente intolerables, la convivencia ciudadana, las condiciones de vida y el medio ambiente. Revertir esta situación de injusticia debería ser la principal tarea de los gobernantes. Ello daría impulso a cambios político-culturales que nos acerquen a nuevas formas de convivencia y respeto entre ciudadanos y ciudadanas y entre las ciudadanías y los estados.

Una región que contiene, entre sus principales riquezas, identidades diversas, culturas y naciones que expresan multiplicidad de saberes y experiencias, debe poder rescatar esas potencialidades y enfrentar en forma decidida las prácticas excluyentes y autoritarias, ya estructurales, expresadas en el racismo, tanto cultural como práctico que afecta particularmente a las mujeres negras e indígenas.

Mientras tantas mujeres en América Latina sigan muriendo y sufriendo mutilaciones por abortos realizados en condiciones de clandestinidad y precariedad, sus derechos no serán respetados. Mientras los cuerpos de las mujeres sigan siendo violados, maltratados, humillados, ya sea en conflictos armados, en el espacio público o en el espacio doméstico e íntimo, los derechos humanos de todas las mujeres seguirán siendo violados, maltratados y humillados. Si bien por cada mujer violentada en su integridad habrá muchas que se organicen contra ello, es responsabilidad incuestionable de los estados el asumir y garantizar la defensa de estos derechos, por encima de presiones confesionales y privadas. El afianzamiento del carácter laico de los estados es una condición si ne qua non para el afianzamiento de la institucionalidad democrática en los países de la región.

Los derechos humanos de las mujeres están reconocidos y garantizados en todos los instrumentos internacionales fundamentales para la defensa de nuestros derechos. Es urgente sin embargo la puesta en práctica de la Convención de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la ratificación de su Protocolo Opcional, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, así como la Convención de Belem do Pará.

No pedimos concesiones ni queremos solo medidas compensatorias y puntuales. Queremos sociedades democráticas donde mujeres y hombres sean definitivamente considerados como sujetos/as de derechos, con espacios y competencias para opinar, proponer, evaluar y decidir las políticas públicas y canales de rendición de cuentas desde los gobiernos hacia la sociedad.

El siglo XXI será de las mujeres sólo si lo es también de la democracia, en lo político, social y económico, pero también en lo cultural, privado e íntimo. Sólo si contamos con gobiernos democráticos que den cumplimiento a sus compromisos políticos y jurídicos, y sociedades civiles fuertes, capaz de vigilar la gestión pública y formular propuestas, podremos asumir los desafíos que nos plantea el nuevo milenio.


Lima, 10 de febrero del 2000